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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) reiteró este miércoles que continuará en los tribunales hasta conseguir que el Teatro Agua y Luz sea devuelto al pueblo dominicano.

El órgano rector aseguró que defiende ante la Suprema Corte de Justicia la decisión adoptada a través de la resolución RIC-96-2020, que estableció la ilegalidad de la licitación llevada a cabo por la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corphotels), para el arrendamiento del Teatro Agua y Luz, por ser contraria a las normas del debido proceso administrativo en materia de contratación pública.

Por medio de una nota de prensa, la DGCP recordó que el pasado 26 de enero de 2021 el Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta por la Consultora Astur, S.A., tras determinar, la ilegalidad de la adjudicación y, además, el incumplimiento de la arrendataria que no ha realizado los trabajos de remozamiento contratados y tampoco ha evidenciado las razones por las que no los ha ejecutado.

Durante su comparecencia ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, los abogados de la consultoría jurídica de Contrataciones Públicas solicitaron que se declare de oficio la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por la Consultora Astur, S.A.

Se recuerda que la resolución RIC-96-2020 de la Suprema anuló el proceso de licitación CFIH-CCC-LPN-2015-001 llevado a cabo por Corphotels, por tratarse de un contrato de concesión ilegal a 25 años y no de arrendamiento como fue convocado.

Teatro Agua y Luz

El Teatro Agua y Luz Angelita Trujillo, más conocido como Agua y Luz, ubicado en Santo Domingo fue un teatro construido en 1955, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en plena inauguración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre.

Esta obra fue declarada Patrimonio Nacional y se destruye con el paso del tiempo.

El 30 de marzo de 2015 Corphotels y la Consultoría Astur firmaron el contrato mediante el cual, el Estado “arrenda” el inmueble de 17,321.20 metros cuadrados por un período de 25 años.

La Compañía se comprometía a hacer inversiones en la realización de obras de remodelación, construcción, adecuación y expansión de la planta física del teatro por un monto estimado de RD$1,276,995,872.70”.

En cambio, el Estado recibiría un monto de US$5,000 dentro de los primeros cinco días de cada mes desde la puesta en funcionamiento del inmueble y a partir de su intervención.

Cinco años después y sin haberse realizado ningún remozamiento, la Suprema Corte de Justicia anuló el proceso de licitación CFIH-CCC-LPN-2015-001 llevado a cabo por Corphotels, por tratarse de un contrato de concesión ilegal y no de arrendamiento como fue convocado.

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