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Agentes de la Guardia Civil acompañan a un detenido en Algeciras (Cádiz), durante la última gran operación contra el narco realizada en la zona.
Agentes de la Guardia Civil acompañan a un detenido en Algeciras (Cádiz), durante la última gran operación contra el narco realizada en la zona.A.Carrasco Ragel (EFE)

El plan policial contra el narco del Estrecho será más extenso en el tiempo, territorio e inversión económica. Las provincias de Granada, Almería y Sevilla se sumarán a las de Cádiz, Málaga y Huelva —donde ya estaba presente desde 2020— en un refuerzo contra el tráfico de drogas estimado en 35,3 millones para los Presupuestos de 2022 y que se extenderá, como mínimo hasta 2023. Así lo ha anunciado el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska este lunes tras una reunión en Cádiz. Sin embargo, en el epicentro del problema, el Campo de Gibraltar, claman por la inversión social prometida de hasta 1.000 millones de euros. Aunque el Gobierno da por cumplida en un 75%, en la zona el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, asegura que es “fantasmagórica e inexistente”.

Con el nuevo anuncio de Marlaska, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar suma su tercera renovación, desde que se puso en marcha en el verano de 2018 para luchar contra la impunidad que el narco había generado en la zona. De hecho, el refuerzo policial y de medios comenzó justo en esta comarca y, posteriormente, se fue ampliando al resto de Cádiz, Huelva y Málaga (en su primera renovación) y ahora alcanza otras tres provincias, para cubrir toda la costa andaluza y buena parte del recorrido del río Guadalquivir, puntos de entrada habitual de la droga. La expansión oficial de los refuerzos confirma lo que de facto ya venía sucediendo, pues buena parte de los despliegues contra el narco que protagoniza el Ocon (el mando de la Guardia Civil creado ex profeso para luchar contra esta lacra) ya alcanzan a las zonas que ahora se incorporan al plan.

El aumento en extensión ha llevado parejo un ostensible incremento también en el número de detenciones. Desde el verano de 2018 y hasta mayo de 2020, las fuerzas de seguridad detuvieron en el Campo de Gibraltar a 1.806 personas por delitos relacionados con el narco e intervino 268,2 toneladas de droga, según datos aportados entonces por Interior.

Este lunes Marlaska ha detallado como el crecimiento a las provincias colindantes ha llevado a detener a 60.573 sospechosos, de los cuales 6.056 han sido por tráfico de drogas y contrabando. Además, los agentes han aprehendido 814 toneladas de droga (un 89,6%, hachís; un 3,8% de cocaína y un 6,6% a marihuana y otras sustancias) en 6.686 investigaciones policiales, de las que 5.611 han sido contra el narco y 1.075 por blanqueo de capitales. “Esto nos muestra que las organizaciones del Campo de Gibraltar han diversificado sus actividades hacia otros fenómenos delictivos y zonas”, ha apuntado el ministro.

La ampliación espacial le costará al Estado —solo en los Presupuestos Generales de 2022— 35.346.400 euros. De ellos, 16 millones de irán a medidas de refuerzo en personal y otros 19.346.400 euros se invertirán en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia. En la práctica, la inversión servirá para que las plantillas de Policía y Guardia Civil sean “potenciadas para alcanzar el 100% de catálogo” en las nuevas provincias que se suman, según ha apuntado Marlaska. Además, la idea es reforzar el monitoreo de la costa mediterránea y mejorar la coordinación entre los cuerpos implicados y la Justicia.

Para Marlaska, el plan contra el narco “ha permitido reducir los factores sociales y económicos” que convirtieron a estas zonas en puntos calientes de las mafias. Sin embargo, en el epicentro del problema no lo ven tan claro. “Todo lo que sea ampliar nos parece bien, siempre que no recorte recursos al Campo de Gibraltar. Pero hemos echado en falta qué pasa con la declaración de zona de especial singularidad”, explica Francisco Mena, presidente de la federación antidroga Nexos, en referencia a una petición de asociaciones profesionales que llevaría a reforzar las nóminas del funcionariado destinado en la zona y así evitar la fuga constante de personal que se produce.

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El pasado 22 de febrero el Ministerio de la Presidencia presentó un informe en el Consejo de Ministros en el que daba por cumplida esta inversión en un 75%, con una movilización de más de 191 millones de euros y una previsión de inversiones en infraestructuras de 841 millones de euros, de los que buena parte del presupuesto se los llevaba la modernización del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla. Esa actuación, en realidad, estaba prometida desde antes del plan. “Hay promesas y consignaciones presupuestarias, pero aquí no hemos visto nada. Todos vienen con la coletilla del plan, pero las obligaciones del Estado son comunes a todos los municipios. Esto debería ser algo excepcional”, se queja Mena. El alcalde Franco va más allá y califica el citado proyecto de como “refrito de inversiones”. De ahí que el regidor siga decidido a sacar adelante su propuesta de convertir a La Línea en ciudad autónoma para poder plasmar “la singularidad” socioeconómica que la frontera con Gibraltar —envuelta en el Brexit— y los problemas de contrabando y narcotráfico ha imprimido en la localidad.

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