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Al PNV se le está agotando la paciencia con Pedro Sánchez y vuelve a amagar con romper el acuerdo de colaboración que firmó en diciembre de 2019 para favorecer su investidura como presidente del Gobierno. No es la primera vez que los nacionalistas vascos dan un golpe sobre la mesa, pero esta vez, aseguran fuentes del partido que preside Andoni Ortuzar, va “muy en serio”. Si Euskadi no recibe la transferencia del ingreso mínimo vital (IMV) “de forma íntegra y sin más demora”, tal y como las partes lo han pactado hasta en tres ocasiones desde mayo de 2020, el PNV se sentirá con las manos libres para actuar en el Congreso.

Es un ultimátum en toda regla, aunque el PNV no quiere que se entienda como una amenaza. “Si el traspaso no se materializa en los términos acordados”, señalan las mismas fuentes nacionalistas, “se romperá nuestra colaboración con el Gobierno”. Koldo Mediavilla, responsable de Política Institucional del PNV, lo expresó públicamente hace unos días en Radio Popular: “O se cumple lo pactado o nuestro apoyo al Gobierno de Sánchez quedaría absolutamente roto”. El asunto se complica porque coincide además con la búsqueda de respaldos parlamentarios por parte del Gobierno para la reforma laboral, en la que los nacionalistas vascos exigen incorporar la prevalencia de los convenios autonómicos. En caso contrario, también amenazan con votar en contra cuando se someta a votación en el Congreso, dentro de dos semanas.

El malestar de los nacionalistas es considerable porque llueve sobre mojado, siempre según su versión de los hechos. La cesión a Euskadi de la gestión del IMV, una renta contra la exclusión social que ahora tramita en esta comunidad la Seguridad Social al mismo tiempo que el Gobierno vasco gestiona su propia renta de garantía de ingresos (RGI), es un acuerdo que Ortuzar selló con la exvicepresidenta Carmen Calvo a mediados de 2020, cuando el Ejecutivo buscaba apoyos para prolongar el estado de alarma.

El traspaso de esta competencia se ratificó en noviembre pasado, cuando el Congreso aprobó la ley que la regula con los votos, entre otros, del grupo vasco. Ante el retraso en el cumplimiento de estos compromisos, el PNV incluyó la exigencia de recibir el IMV–junto con el relanzamiento de las obras del tren de alta velocidad- para no bloquear los Presupuestos del Estado. Entonces los nacionalistas anunciaron que el Gobierno se había comprometido a atender sus demandas a comienzos de este año.

En el PNV ha cundido el disgusto cuando el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, plantea ahora que el traspaso del IMV sea “provisional y condicionado” alegando cuestiones técnicas. En la formación vasca dicen que empiezan a “estar cansados” por los reiterados incumplimientos que achacan al Ejecutivo central. “O se hace de forma íntegra y definitiva, en los términos que se pactaron, o el apoyo a Sánchez pasará a mejor vida”, insisten fuentes de la dirección. Ya lo dijo Ortuzar hace unos meses al referirse a la tardanza en recibir esta materia: “No vamos a ejercer de ETT ni a aceptar mercancía averiada”. En este punto, el PNV va de la mano de sus socios del PSOE vasco, cuya consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, también pide el traspaso inmediato y completo del IMV.

La cuestión ha levantado desde hace tiempo una gran hostilidad entre los nacionalistas vascos y el ministro Escrivá, a quien acusan de obstaculizar la transferencia. Ese choque está complicando la relación política del Ejecutivo de coalición con su socio preferente, corroboran distintas fuentes gubernamentales. En La Moncloa, pese a todo, se transmite confianza en superar pronto el desencuentro, una vez se solventen los “detalles técnicos”.

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El PNV lamenta que su fidelidad a Sánchez no se está viendo correspondida en la misma medida. El propio Gobierno ha admitido en su informe de rendición de cuentas que en dos años de mandato solo ha satisfecho el 21% de los compromisos adquiridos con el grupo vasco.

La discrepancia entre las partes también alcanza a la reforma laboral. El PNV está “firme” en votar en contra mientras no se incluya la prevalencia de los convenios autonómicos. El asunto se está negociando con el Ministerio de Trabajo, que insiste en que hay fórmulas para el acuerdo. Yolanda Díaz, titular de Trabajo y vicepresidenta segunda, se ha fijado como prioridad obtener el respaldo del PNV y de ERC para no recurrir a Ciudadanos y otras formaciones pequeñas, alternativa que disgusta menos al PSOE.

La dirección nacionalista está por la labor de ir de la mano con Sánchez y conseguir que esta legislatura se agote, porque “la alternativa es peor”, señala en alusión a una posible llegada al poder de “un PP echado en los brazos de Vox”. Esta posibilidad resta mucho margen de maniobra y capacidad para presionar al actual Ejecutivo, admiten las fuentes consultadas, aunque advierten: “Ese comodín del miedo a que vuelva el PP cotiza cada vez más a la baja. ¿Hasta cuándo nos van a estar diciendo que si no les apoyamos van a disolver las Cortes y puede venir la derecha y la extrema derecha?”.

La tirantez con los socialistas en Madrid incomoda mucho al PNV y no responde a un cálculo electoral, comenta un portavoz de este partido. A los nacionalistas no les conviene presentarse a unas elecciones enfrentados con el PSOE, cuando estas dos formaciones mantienen bastante sólidos sus acuerdos en Euskadi, donde están coaligados en el Gobierno autonómico, las tres Diputaciones y los principales ayuntamientos. El PNV, insisten sus dirigentes, preferiría mantener su “mejor tarjeta de visita”, una probada “capacidad para llegar a acuerdos y dar estabilidad a las instituciones”.

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