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Resolucin histrica en El Salvador, despus de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decidiera este mircoles reabrir el caso de la matanza ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en ese pas de seis jesuitas, cinco de ellos espaoles, entre ellos, Ignacio Ellacura, idelogo de la Teologa de la Liberacin. De esta manera, el pas centroamericano podr hacer justicia, tras declarar con lugar el recurso de amparo presentado el pasado 16 de noviembre por el Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, cuando se cumplan 32 aos de la masacre. Tal como peda el Fiscal, la Corte Suprema de Justicia ha «invalidado» la resolucin del 8 de septiembre de 2020, mediante la cual la Sala de lo Penal de esta Corte dio carpetazo al ‘caso Ellacura’ al confirmar los sobreseimientos definitivos a favor de los involucrados en el crimen tras considerar que los delitos haban prescrito.

Por tanto, segn la nueva resolucin de los jueces de la Corte Suprema de Justicia nombrados el pasado 1 de mayo de 2021, «las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la emisin de dicha providencia», de manera que se anulan los sobreseimientos al estimar que la anterior Sala de lo Penal «vulner los derechos de los familiares de las vctimas y de la sociedad a la proteccin jurisdiccional y a conocer la verdad».

En este sentido, el escrito seala que la anterior Sala de lo Penal «vulner derechos fundamentales de las vctimas y de la sociedad al cerrar el juicio», lo que supuso una «obstaculizacin a los familiares de las vctimas y a la sociedad en general del acceso al rgano jurisdiccional para que este se pronunciara sobre su pretensin y, por ello, no han sido posibles la justicia ni la posterior reparacin integral».

A partir de ahora, podr haber justicia en El Salvador, despus de que se haya anulado la resolucin del 8 de septiembre de 2020 de la Sala de lo Penal en la que se confirm el sobreseimiento definitivo de los exmilitares Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios, acusados de ser los autores intelectuales del crimen. Como consecuencia de esto, se haba declarado la nulidad absoluta del proceso penal instruido contra ellos, as como contra Ren Castillo Ponce, Juan Rafael Bustillo, Inocente Orlando Montano y el ex presidente salvadoreo Alfredo Flix Cristiani.

As, la Sala de lo Constitucional estima que la Sala Penal que dict el sobreseimiento «omiti tomar en consideracin que los hechos denunciados y que se pretenden investigar en el proceso penal podran ser considerados, al menos provisionalmente, como crmenes de lesa humanidad o crmenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario».

En otras palabras, aade, se trata de hechos de «extrema gravedad, ya que los patrones, comportamientos o prcticas de violencia en que acaecieron son absolutamente repudiables, en atencin al impacto que han producido sobre las vctimas, los ofendidos, la sociedad y la comunidad internacional». Por este motivo, seala que los recursos de casacin interpuestos en su da por los acusados que supusieron su sobreseimiento fueron admitidos «indebidamente y se resolvieron inconstitucionalmente, por lo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la emisin de dicha providencia».

LA LTIMA CONDENA FUE EN ESPAA

La ltima persona que fue condenada por estos hechos fue el ex coronel y ex viceprimer ministro de Seguridad Pblica de El Salvador Inocente Orlando Montano. La Audiencia Nacional de Espaa lo conden el 11 de septiembre de 2020 a 133 aos como uno de los autores intelectuales de la matanza ordenada por el Ejrcito salvadoreo en 1989. Ese da, murieron acribillados Ignacio Ellacura y los tambin jesuitas espaoles nacionalizados salvadoreos Ignacio Martn, Segundo Montes, Armando Lpez y Juan Ramn Moreno, as como Joaqun Lpez, nacido en el pas centroamericano, la empleada Elba Julia Ramos y su hija de 16 aos Celina Ramos.

Montano pudo ser juzgado en Espaa despus de que una jueza de EEUU, Kimberly Swank, aprobara su extradicin, mientras que, por el contrario, la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador desestim la orden de captura emitida por Espaa en contra de 17 militares acusados del crimen de los seis sacerdotes y las dos mujeres. Todos ellos haban sido arrestados despus de que el 5 de febrero de 2016 la Polica Nacional Civil de El Salvador y agentes de la Interpol iniciaran un operativo para detenerlos un mes despus de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco reiterara el 5 de enero de ese ao la vigencia de una alerta roja en la Interpol para la captura de estos soldados acusados de asesinato terrorista y lesa humanidad.

El asesinato de los seis jesuitas y las dos mujeres se produjo cuando un grupo de soldados del Ejrcito salvadoreo ingres en la Universidad Centroamericana Jos Simn Caas (UCA). En enero de 1992, un jurado conden en El Salvador al coronel y ex director de la Escuela Militar Guillermo Alfredo Benavides y al teniente Yussi Mendoza a 30 aos de crcel. No obstante, en abril de 1993 fueron liberados, despus de aprobarse ese ao la Ley de Amnista General, para proteger a los involucrados en delitos durante la guerra civil que asol el pas centroamericano entre 1980 y 1992. Sin embargo, en julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia declar inconstitucional la Ley de Amnista, lo que condujo de nuevo a la crcel a Benavides, quien todava permanece recluido.

El propio Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refiri la pasada noche a la nueva resolucin de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y destac que «de ahora en adelante, no se tolerar ningn crimen» por ms alto que sea el cargo de la persona que lo cometa. Asimismo, remarc que la resolucin de la Sala de lo Constitucional enva un mensaje de que «no solo se va a buscar al delincuente all abajo, que tambin se va a perseguir y no estamos diciendo que se vale robar gallinas, pero a mayor crimen y a mayor el cargo, mayor la pena y la repercusin que debe pagar por haberlo cometido».

Para Bukele, se est enviando un «gran mensaje, tanto nacional, como internacionalmente de que El Salvador va a luchar para conseguir justicia en este y otros casos, pero es importante resaltar este porque es un caso que estuvo 30 aos en la impunidad con la proteccin de la ex sala de lo Constitucional y de los exmagistrados de la misma y de otras salas». Por ello, espera que los jueces «estn a la altura para conseguir que se haga justicia, porque es importante dado que se enva el mensaje de que ya no solo se va a perseguir al delincuente de abajo, sino tambin al de arriba. Si realmente queremos luchar contra la impunidad, debemos demostrarlo desde arriba hacia abajo, as como se barren las escaleras», concluy.

Entre las personas a las que seala el Fiscal General se encuentra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani (1989-1994) contra quien la Asociacin Pro Derechos Humanos de Espaa (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) presentaron el 13 de noviembre de 2008 una querella en la Audiencia Nacional por los delitos de crmenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y tortura. En esta querella, tambin se incluy al ex ministro de Defensa Humberto Larios y varios militares. Por ello, el Fiscal dijo en su da que en caso de abrirse la puerta de iniciarse de nuevo la causa, se procesarn a todos los involucrados de este caso, incluyendo al ex presidente Cristiani». Tras conocer la resolucin en la que se declara con lugar su amparo, Rodolfo Delgado recalc que el caso ser reabierto, por lo que «vamos a perseguir a los responsables para lograr justicia ante estos viles asesinatos».

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