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Al celebrarse el séptimo ani­versario del desprendi­miento del PRD que dio lugar al naci­miento del PRM – esta fac­ción, exitosa en el campo político, pues llegó al poder en cinco años en virtud de rechazo de la opinión pú­blica al PLD tras el escán­dalo del Odebrech destapa­do en USA en diciembre del 2016- y, sobre todo, a la di­visión fruto de la imposición del Penco, que parió a la FP, que devino en aliada estra­tégica electoral del PRM, es­te hoy se encuentra en un punto político de inflexión geométrica.

La posposición de las elecciones municipales en el 2020, por imprevisiones de la JCE, fue una factura cara que pagó el Gobierno del PLD y generó un justifi­cado temor a un quiebre de­mocrático a partir del certa­men electoral presidencial del mes de mayo, pospues­to ilegalmente por el órga­no electoral para el 5 de ju­lio: Estos eventos dieron una mayoría congresual y en el CNM a las fuerzas políti­cas contrarias al PLD que vi­tuperado soportó 17 meses de escarnio público. Pero no obstante se mantiene como segunda fuerza, no lejos de la primera.

El nuevo Gobierno reci­bió a un país en medio de la Pandemia Covid 19, cerrado, con la clase media comiendo sus ahorros y los pobres reci­biendo subsidio en casa, algo nunca antes visto en la histo­ria nacional; ante este pano­rama pocos analistas presta­ron atención a que de pronto, la República estaba ante la realidad de que no iba a ser dirigida por políticos, sino por yupis y empresarios, los primeros están enfocados en su apariencia y privilegios y los segundos, en hacer nego­cios, no obstante el Presiden­te Abinader estar entregado sanamente a sus labores ba­jo el control de las veleidosas redes sociales, el método, por primera vez, de comunica­ción horizontal elegido por la Presidencia.

El éxito en el manejo de la Pandemia, el relanzamiento de la economía, sobre todo la recuperación del turismo y, el salvamento del año esco­lar, es innegable y así lo refle­jaron las encuestas que hace unos meses daban una apro­bación de 56.9% al Presiden­te. Sin embargo, la Pandemia pasó a ser una costumbre de­jando de ser el foco de aten­ción y la gente volvió a los problemas del tráfico, agra­vado por los aumentos sema­nales de los combustibles, la inflación ajena a nuestra cul­tura, la escasez de algunos productos, el desempleo, la inseguridad y, la clase media, empezó a preocuparse por la inseguridad jurídica surgida del terror judicial que siguió a los aplausos de las persecu­ciones judiciales en el primer año de la Administración, conforme a la cual, imputado – inocente o culpable – ha te­nido asegurada una condena previa de 18 meses.

Noviembre del pasado año indicada un leve descen­so en la aprobación del Go­bierno que, prisionero de la normativa de compra y con­trataciones apenas había lo­grado continuar las obras en curso de la Administración del PLD, muchas de ellas con los presupuestos agotados y, anunciar nuevos proyectos, algunos novedosos, la mayo­ría bajo la figura de los fidei­comisos.

El recrudecimiento de la crisis haitiana tras el magni­cidio en julio del Presiden­te Jovenel Moise y sus efec­tos nefastos en este lado de la frontera dio impulso – a finales del año – a un relan­zamiento del Presidente do­minicano que, en ese trance, actuó con firmeza nacionalis­ta y visión diplomática. Pero, así como las matemáticas y las ciencias naturales, tienen sus leyes, las ciencias políti­cas, también.

En la segunda semana de enero pasado el país cono­ció la aprobación a cargo de la Cámara de Diputados de una resolución que ratifica­ba un Contrato de Fideico­miso de la Planta de Punta Catalina dejando la respon­sabilidad de su manejo por 30 años – sin control – a cinco empresarios sin ninguna con­traprestación y liberados de toda responsabilidad; la gen­te no entendió que se privati­za, ni que se vendía, sino que se regalaba su manejo por 30 años: El rechazo fue unáni­me.

Es evidente que con lo ce­loso que ha sido el Presiden­te con la cosa pública, que ha destituido a una Ministra por sugerir el beneficiario de una compra de RD$ 3.0 millones (USD$ 52 mil dólares), libe­rar de la Ley de Contratacio­nes compras de carbón por USD$ 1,000 millones anua­les, no parece lógico y, menos aún, que las aprueben em­presarios que tienen plantas generadoras privadas y, que por vía de consecuencia tie­nen conflictos de intereses en el negocio de energía, ésta úl­tima es una incompatibilidad obvia.

Los políticos pueden arras­trar la fama, pienso que injus­tamente, de corruptos, pero es innegable que el pueblo los prefiere al frente de la co­sa pública: Se entrenan para eso y, cuando llegan, están controlados por la ciudada­nía, tienen que renovar su mandato periódicamente y si lo hacen mal, lo pierden. El empresario viene, aparen­ta administrar mientras hace sus negocios y se va sin nin­guna sanción política.

En el caso de Punta Cata­lina los políticos del PRM no defendieron el contrato; la razón es sencilla, el líder in­telectual del PRM en esa área es Ramón Alburquerque y lo rechazó: Ningún dirigente se atrevió a discutirle. Lo raro es que los empresarios tampo­co defendieron el contrato, en este caso porque se daba el control del 35% del merca­do a competidores.

El Presidente Abinader que había respondido aira­do – defendiendo el contrato – desde Madrid, anunció días más tarde que solicitaría al Senado de la República que pospusiera el conocimiento del mismo y que de inmedia­to lo enviaría al Consejo Eco­nómico y Social –CES-, para fines de discusión y, en la mis­ma breve alocución, informó disponer de una auditoría técnica, que pronto fue publi­cada y, la solicitud una finan­ciera a la Cámara de Cuen­tas: Esto último sobró, lució amenaza de persecución po­lítica ante un cuestionamien­to, sobre todo porque en el país nadie cree en las au­ditorías de la Cámara de Cuentas, ni de la Contralo­ría, órganos politizados con auditores ignorantes a car­go de los trabajos.

Que una auditoría finan­ciera o forense revele irre­gularidades, ya no es impor­tante, eso se presume desde hace cuatro años, es un inten­to de herir a un muerto polí­tico a quien la persecución puede, milagrosamente, re­sucitar, sobre “todo porque a pesar de todo” 18 meses des­pués, su gestión sigue apa­reciendo con un 65.3% de aprobación en las encuestas.

Bastaba retirarlo, pero co­mo no se hizo, el ruido no se ha detenido; la prensa y las redes han desnudado, día a día, otras falencias convir­tiendo el fideicomiso en una mala palabra, cuando en rea­lidad es una excelente venta­na para financiar proyectos en que se requiere de capital privado y, todo, por la com­posición del Comité Técnico: Si hubiese estado constitui­do por tres miembros ex ofi­cios, como ha sido siempre, posiblemente nadie se habría opuesto. En Punta Catalina a ciertos empresarios, el pue­blo les vio el refajo y no les gustó el color.

Lo importante del caso del CFPC – que los diputados del PLD aprobaron – para este en­foque, no es lo comentado en los párrafos previos, sino los sentimientos sociales ocul­tos que apenas afloran dando inicio a una tendencia, pues marcan un punto de inflexión política y da apertura a una realidad distinta a la del 2020-2021: Colocan al Gobierno a la defensiva y, al PRM, una or­ganización de estructuras no­veles, en contradicción interna de cara a las elecciones, no obs­tante que Luis, su único candi­dato posible, es un buen Presi­dente.

Abinader, de hombre a hombre, es todavía el político más popular, aunque según la propuesta de la Dra. Or­tiz Bosch no alcanzaría 50% más uno en primera vuelta, lo que confirma la realidad de las encuestas, que el PLD y la FP unidos hacen mayoría electoral: Yo habría preferi­do que Luís – tranquilo -com­pletara su obra de Gobierno con dos periodos, empero pa­ra eso debe producir cambios en la conducta política de su gobierno y de su partido, no debe seguir perdiendo ami­gos y ganando enemigos. El CFPC fue un aviso útil de la gente.



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