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La República Dominicana y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) han tenido diversos desacuerdos con relación a los extranjeros, específicamente de nacionalidad haitiana en el país.

Este miércoles, la CIDH expresó su preocupación antes las diferentes denuncias de expulsiones de mujeres embarazadas, principalmente de origen o ascendencia haitiana desde República Dominicana. Pide al país asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana en acceso a servicios de salud, independiente de la situación migratoria.

Ante el comunicado enviado por la CIDH, la República Dominicana rechazó enérgicamente las imputaciones de la entidad y manifestó mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) que “nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana”.

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana dictó la sentencia 168-13 en el año 2013, donde definió las condiciones para adquirir la nacionalidad que se acogieron al Plan de Regularización de Extranjeros, debido a que no estaban inscritos en el Registro Civil Dominicano. La decisión ordenó a la Junta Central Electoral (JCE) hacer una auditoría del Registro Civil desde el 1929 hasta el 2007, y al Gobierno a implementar el Plan Nacional de Regularización.

Ante la medida, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos expresó su preocupación por las consecuencias de la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional. Concluyó que más de 210,000 personas quedarían apátridas como resultado de la disposición.

Reiteró que esta sentencia conllevaba a una privación arbitraria de la nacionalidad y que tenía un efecto discriminatorio, dado que impactaba principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son afrodescendientes.

El Estado dominicano consideró que la sentencia no es discriminatoria porque personas de ascendencia de otras 117 nacionalidades presentes en el país también podrían verse afectadas.

El Tribunal Constitucional desvinculó mediante sentencia a la República Dominicana de los efectos jurídicos emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), al declarar inconstitucional el Instrumento de Aceptación de la Competencia a esta corte internacional, suscrito en 1999 por el entonces presidente Leonel Fernández.

En su sentencia 256-14, el Tribunal apuntó que aunque este instrumento es “un acto unilateral no autónomo” en el marco de CADH (Convención Americana de Derechos Humanos), “es una convención internacional que produce efectos jurídicos, por lo que debió ser sometido al Congreso Nacional, y así cumplir el proceso constitucional de verificación al ordenamiento interno del país”.

Ante la resolución del Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifestó que la medida no tenía sustento alguno en el derecho internacional y entendía que la misma “no podía tener efectos”, por lo que la República Dominicana consideró que el Estado tiene la capacidad de asumir compromisos internacionales, lo cual lo hace responsable frente a otros sujetos del derecho internacional, siempre y cuando dichos compromisos se hagan de la manera establecida por las leyes internas.

Las críticas internacionales suscitadas por la resolución llevaron a las autoridades dominicanas a elaborar una ley en 2014 con la que ofrecieron la nacionalidad a una minoría de los afectados, los que ya tenían documentos de identidad dominicanos. En ese grupo se inscribieron unas 750 personas beneficiadas por el decreto del gobierno dominicano.

El Gobierno, liderado en ese entonces por Danilo Medina, consideró la cuestión migratoria zanjada con la ley de 2014 y manifestó que no había apátridas en el país.

Por el tema, el país se llegó a enfrentar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que condenó al Estado por deportar a dominicanos de ascendencia haitiana y ha fallado a favor de dos niños desnacionalizados.

Sin embargo, las autoridades dominicanas rechazaron aplicar esas sentencias, negando que la CorteIDH tenía competencia en casos de derecho a nacionalidad.

La República Dominicana adoptó medidas para otorgar la ciudadanía a las personas de ascendencia haitiana nacidas en el país y cuyos padres no podían comprobar su estadía legal en territorio dominicano.

Ante las medidas dispuestas por el Gobierno, la CIDH llamó la atención a las autoridades del país sobre su política migratoria y le recordó su “obligación fundamental” sobre las expulsiones o deportaciones que lleve a cabo. Aunque, valoró los esfuerzos realizados por la República Dominicana “que no son menores”.

Por ello, el Gobierno declaró que estas medidas fueron basadas en la presentación de pruebas de documentación fraudulenta, pero los grupos de defensa alegaron que dichas acciones estaban dirigidas a personas cuyos padres eran haitianos o cuyos nombres sonaban haitianos, por lo que estos hechos constituían actos de desnacionalización.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos decidió para el 2017 colocar a la República Dominicana junto a Venezuela y Cuba en “lista negra” ya que, según ellos, son países que violan los derechos humanos y que requieren una “atención especial”.

El Gobierno dominicano rechazó la decisión de la Comisión y consideró que la misma fue totalmente desproporciona y que no contaba con base ni justificación.

El Estado dominicano reafirmó su firme compromiso con salvaguardar y proteger los derechos y libertades fundamentales de todas las personas que habitan el territorio nacional, sin distinción alguna.

Agrega que es de especial interés para la República Dominicana que la comunidad internacional se informe de manera pormenorizada de los esfuerzos del Gobierno con el fin de asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos en una variedad de ámbitos, incluyendo las relativas de la documentación de nacionales y extranjeros, migración y protección de grupos vulnerables.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos decidió eliminar la República Dominicana de la “lista negra” y reconoció la importancia de las medidas tomadas por el Estado dominicano “para dar solución a la grave situación en la que viven miles de personas que no gozan efectivamente de su derecho a una nacionalidad”, aunque apunta barreras para implementar estas disposiciones.

Este reconocimiento fue avalado por el Gobierno “celebramos esa decisión, es una decisión de justicia que se corresponde, y todos los dominicanos lo sabemos, con la realidad que vive nuestro país”, expresó el exvocero de la Presidencia de la República, Roberto Rodríguez Marchena.

Este año las autoridades de la CIDH felicitaron a la República Dominicana por los amplios avances presentados y por el alto compromiso con la erradicación de la violencia y la discriminación contra las mujeres, las niñas y las adolescentes.

Sin embargo, este miércoles con el tema de los extranjeros haitianos, la CIDH expresa su preocupación por las denuncias de expulsiones de mujeres embarazadas, principalmente de origen o ascendencia haitiana, desde República Dominicana.

Luego del comunicado enviado por la CIDH, el Gobierno dominicano le respondió a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), manifestando su “enérgico rechazo a la irresponsable pretensión” de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos. “Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana”, enfatizó la declaración del gobierno.

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