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Un comité penitenciario reunido en Nazaret, en el norte de Israel, ha concedido este martes por unanimidad la libertad condicional a la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, de 63 años, detenida en su casa próxima a Belén (Cisjordania) hace casi 10 meses, según informan fuentes diplomáticas. Tras un acuerdo con la Fiscalía ante un tribunal militar, Ruiz aceptó una condena a 13 meses de cárcel en noviembre por trabajar y recaudar fondos para una ONG palestina que Israel considera ilegal. Su excarcelación se encuentra pendiente de si el fiscal del caso recurre la resolución del comité penitenciario, una decisión considerada improbable por sus abogados.

Un tribunal de Haifa (norte) ordenó en diciembre pasado la revisión de la petición de puesta en libertad de la trabajadora humanitaria, que había sido denegada inicialmente por la denominada Junta de Libertad Condicional de Nazaret. El tribunal consideró que la decisión del comité penitenciario era “poco clara” y “con interrogantes” sobre su validez antes de ordenar que se volviera a examinar la reclamación de excarcelación anticipada, una vez cumplido un tercio de la condena impuesta.

El comité penitenciario ―integrado por un juez, una asistente social y un psicólogo— había acordado por dos votos a uno que Ruiz debía permanecer en prisión hasta mediados de mayo y cumplir íntegramente su condena. El pasado 17 de noviembre, un tribunal militar de Ofer (Cisjordania) la sentenció tras el acuerdo judicial de culpabilidad para ver reducida su condena.

La defensa de Ruiz consideró que el comité de Nazaret actuó en contra de la práctica habitual en la justicia israelí de recortar el tramo final de cumplimiento de la pena en caso de buen comportamiento del preso. El tribunal de distrito de Haifa señaló que no estaban claros ”los motivos ideológicos atribuidos a la prisionera”, que fueron esgrimidos por los dos miembros del comité penitenciario que rechazaron la excarcelación anticipada.

Decisión de la Fiscalía

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Omri Barbash, uno de los letrados del equipo de defensa de Juana Ruiz, ha explicado este martes en una conversación telefónica que la decisión final sobre la salida de prisión de Juana queda a expensas de si el fiscal recurre o no ante un tribunal la decisión del comité penitenciario en el plazo de siete días. “Es algo automático en el procedimiento israelí”, aclara. “Si hay apelación, los jueces deberán decidir si la excarcelación anticipada es firme o queda anulada”.

El equipo, dirigido por el veterano abogado Avigdor Feldman, ve poco probable, en principio, un recurso de la Fiscalía, pero considera que es preciso estar preparado para “esperar lo inesperado”, advierte Barbash. La cooperante no podrá salir en ningún caso de territorio bajo control de Israel hasta que se cumpla, en mayo, el plazo de condena dictado en la sentencia.

“Ojalá que nos reunamos pronto. Por lo menos ahora tenemos a la vista algo más positivo”, aseguraba Elías Rishmawi, marido de Juana Ruiz, en una conversación telefónica este martes desde su domicilio familiar en Beit Shaur, en las afueras de Belén, donde ahora se encuentra acompañado por sus dos hijos, que habitualmente residen en España. “Si todo va bien, esperamos que la semana que viene esté con nosotros. Pero aún no se sabe con claridad qué va a ocurrir. Por ejemplo, si el fiscal deja la apelación para el último día”, matiza su optimismo. “Sería una muy buena noticia que no tenga que permanecer dos meses más en prisión”.

“No he podido visitar a Juana en la cárcel desde octubre, a causa de las restricciones por el coronavirus. Y solo le han permitido llamarme dos veces por teléfono, aunque la pude ver en noviembre y hablar con ella a distancia en el tribunal”, recuerda Rishmawi. “Ella dice ahora que se encuentra bien de salud y tranquila porque ya sabe que toda esta historia va a tener fin”.

La trabajadora humanitaria intervino por teleconferencia en la sesión del comité de Nazaret, a la que asistió como observadora la embajadora española en Tel Aviv, Ana María Sálomon Pérez. “España ha hecho todo lo que ha podido por Juana”, reconoce su marido, “como visitarla para asistirla en prisión”.

El pasado 2 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, telefoneó a su homólogo israelí, Yair Lapid, y se interesó por la situación de Ruiz. “Su caso es muy importante para la opinión pública española. Aquí nadie se cree que sea una terrorista”, dijo entonces el jefe de la diplomacia española al ministro israelí.

El tribunal militar de Ofer sentenció a la cooperante española, que vive con su esposo palestino desde hace más de tres décadas en Cisjordania, a 13 meses de cárcel y una multa de 50.000 shéqueles (unos 14.000 euros) por los delitos de “prestar servicios a una organización ilegal” y por “tráfico de divisas en Cisjordania”, dentro de la ONG sanitaria palestina en la que trabajaba.

Ruiz aceptó declararse culpable de ambos cargos, en el marco del acuerdo con la Fiscalía militar que eliminó otras tres graves acusaciones por delitos ligados al terrorismo, con el fin de acortar un proceso que la forzaba a permanecer largo tiempo entre rejas. “Todo en este caso es político”, advirtió el abogado Feldman tras la sentencia. “Se ha intentado manipularlo para justificar la ilegalización de las ONG palestinas defensoras de los derechos humanos”.



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